¿Cómo se clasifican las empresas según riesgos profesionales en Panamá?

cómo se clasifican las empresas según riesgos profesionales en panamá

Si eres un empresario o un trabajador en Panamá, seguramente te interesa saber cómo se clasifican las empresas según riesgos profesionales en Panamá. Los riesgos profesionales son aquellos que pueden afectar la salud o la integridad física de los empleados por causa o con ocasión del trabajo. Estos riesgos pueden ser de diferentes tipos, como accidentes, enfermedades, estrés, violencia, etc.

Los riesgos profesionales son aquellos que pueden afectar la salud o la integridad física de los trabajadores durante el desempeño de sus actividades laborales. Estos riesgos pueden ser de diferente naturaleza, como accidentes, enfermedades, estrés, violencia, etc. La prevención y el manejo de estos riesgos es una responsabilidad compartida entre los empleadores y los empleados, así como de las autoridades competentes.

En Panamá, la Ley 16 de 1995 establece el Sistema de Riesgos Profesionales, que tiene como objetivo proteger a los trabajadores de los efectos nocivos de los riesgos profesionales, mediante la prevención, la atención y la rehabilitación. Esta ley también define la forma en que se clasifican las empresas según el grado de riesgo que presentan sus actividades.

¿Qué son las clases y categorías de riesgo?

La clasificación de las empresas según riesgos profesionales se basa en dos criterios: las clases y las categorías de riesgo. Las clases de riesgo se refieren al tipo de actividad económica que realiza la empresa, mientras que las categorías de riesgo se refieren al nivel de exposición a los factores de riesgo que tiene cada puesto de trabajo dentro de la empresa.

Según la Resolución 224 del 2006 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, existen cinco clases de riesgo:

  • Clase I: Actividades administrativas y financieras.
  • Clase II: Actividades comerciales y de servicios.
  • Clase III: Actividades industriales y manufactureras.
  • Clase IV: Actividades agropecuarias, forestales y pesqueras.
  • Clase V: Actividades mineras y de construcción.

Dentro de cada clase, existen cuatro categorías de riesgo:

  • Categoría A: Riesgo mínimo.
  • Categoría B: Riesgo bajo.
  • Categoría C: Riesgo medio.
  • Categoría D: Riesgo alto.

La asignación de la clase y la categoría de riesgo a cada empresa se realiza mediante una tabla que cruza el código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) con el factor de riesgo intrínseco (FRI), que es un valor numérico que representa el grado de peligrosidad de cada actividad económica.

¿Qué implica la clasificación de las empresas según riesgos profesionales?

La clasificación de las empresas según riesgos profesionales tiene varias implicaciones para los empleadores y los trabajadores. Por un lado, determina el monto de la cotización que deben pagar al Sistema de Riesgos Profesionales, que es un porcentaje del salario base de cotización (SBC) que varía según la clase y la categoría de riesgo. Por ejemplo, una empresa de clase I y categoría A paga el 0.522% del SBC, mientras que una empresa de clase V y categoría D paga el 6.96% del SBC.

Por otro lado, la clasificación también influye en los beneficios y las prestaciones que reciben los trabajadores en caso de sufrir un accidente o una enfermedad profesional. Estos beneficios incluyen:

  • Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.
  • Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
  • Prótesis y ortesis.
  • Rehabilitación física y ocupacional.
  • Indemnizaciones por incapacidad temporal o permanente.
  • Pensiones por invalidez o muerte.
  • Auxilio funerario.

Además, la clasificación también sirve como un indicador del nivel de prevención que debe implementar cada empresa para reducir los riesgos profesionales y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entre las medidas de prevención se encuentran:

  • Identificación y evaluación de los riesgos profesionales.
  • Elaboración y ejecución de programas de salud ocupacional.
  • Capacitación y sensibilización de los trabajadores y los empleadores.
  • Dotación de equipos de protección personal y colectiva.
  • Cumplimiento de las normas técnicas y legales vigentes.

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